SE AMPARAN TRANSPORTISTAS ANTE “AGANDALLE DE GOBIERNO”.


Carlos Rodríguez

 

Las más de 2 mil 500 unidades del transporte público en el municipio de Tepic, en su modalidad de combis y camiones urbanos se encuentran amparados ante la justicia federal ante cualquier determinación del gobierno del estado sobre las tarifas del boletaje, retención de unidades e infracciones a choferes por la presunta violación a la ley de Tránsito.

 

A raíz de los operativos de vigilancia e inspección de Tránsito del Estado en el gobierno de Roberto Sandoval Castañeda y de Antonio Echevarría García, los líderes sindicales y concesionarios determinaron irse a la justicia federal para evitar represiones o linchamientos jurídicos de la autoridad del nuevo gobierno estatal.

 

Desde los agremiados a Ezequiel Llamas Alvarado en Transpornay, Acaspen, Transportes Unidos y agremiados a sindicatos independientes, se fueron al amparo, están protegidos por ley ante las determinaciones del área jurídica de Tránsito para el retiro de concesiones, en caso, de que se compruebe el abuso en el aumento a las tarifas de 6 a 8 pesos al usuario en general.

 

Recientemente, el gobierno del estado le puso freno y logró un acuerdo que se traduce en congelar por unos días estas medidas.

 

El conflicto recientemente subió de tono, con la retención de unidades del transporte a manos de un grupo de estudiantes universitarios, el paro del servicio por parte de los permisionarios y amenazas del gobierno con retirar las concesiones.

 

El Secretario General de Gobierno, Jorge Aníbal Montenegro Ibarra informó que, tras un análisis del conflicto, se logró un acuerdo con permisionarios y congelar hasta el 23 de octubre, fecha en que se dictaminará si existe viabilidad para el aumento.

 

La tarifa oficial será de 6 pesos por costo del servicio a partir de este miércoles 11 de octubre. Se ajustará la tarifa hasta el 23 de octubre próximo, fecha en que se darán a conocer los resultados del estudio socioeconómico que determinará si permanece o se incrementa el costo de la tarifa

 

Montenegro, precisó que a los choferes que violen la norma, cobrando cantidades fuera de la tarifa autorizada, les será retirada la licencia.

Los líderes de las organizaciones del transporte urbano se comprometen también a avanzar en la implementación de esquemas que fomenten la modernidad del servicio y una serie de incentivos para el usuario.

Montenegro Ibarra, quien preside la Comisión Técnica del Transporte, destacó la necesidad de revisar la norma jurídica a fin de incorporar a usuarios y permisionarios a dicho organismo, en el que actualmente está solo representado el Gobierno.

 

Por lo pronto, los concesionarios y líderes sindicales, con documentos en mano, bajo la justicia federal, seguirán trabajando y se esperará el tiempo establecido, hasta el 23 de octubre, para determinar si existe o no viabilidad en el aumento a la tarifa.

 




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